El sistema judicial (policías, jueces, fiscales y abogados) en la mayoría de los casos, no conocen las particularidades de este trastorno y pueden llegar a cometer errores importantes a la hora de hacer un interrogatorio o dar un veredicto sobre una conducta potencialmente delictiva, pudiendo imponer penas privativas de libertad que, en muchas ocasiones provocan males mayores, ya que no se han tenido en cuenta las circunstancias del trastorno (TEAF).